Con peritos forenses y agentes del CTI, la Fiscalía reconstruyó hace seis años la escena del magnicidio del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, baleado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde era profesor. Ocho testigos que presenciaron el crimen hicieron parte del ejercicio forense en el que los investigadores intentaron recrear el momento exacto del ataque, que 30 años después se mantiene en la casi total impunidad: solo hay un condenado, Héctor Paul Flórez, con una sentencia sobre la que pesan tantas dudas que hasta la misma familia de Gómez Hurtado ha cuestionado si este hombre, oriundo de Sincelejo y ya en libertad condicional, debió haber sido declarado como responsable.Lo que cree el abogado Enrique Gómez, sobrino de Gómez Hurtado y vocero de la familia, es que no. “Yo mismo defendí a Héctor Paul Flórez y pedí a la Corte Suprema la revisión de su condena. Seguiré haciéndolo, seguiré luchando porque estoy convencido de que esta persona no tuvo nada que ver con este homicidio”, dijo Gómez el jueves pasado, durante un evento conmemorativo por los 30 años del ataque en el que también murió José del Cristo Huertas, asistente y escolta del líder político.Este 10 de febrero la JEP escuchó la versión de Rodrigo Londoño (derecha) sobre el magnicidio. Foto:EL TIEMPOEste magnicidio sacudió a un país que ya estaba golpeado en su política interna por los descubrimientos del famoso ‘Proceso 8.000’, un escándalo en el que relacionaron dineros del narcotráfico con la financiación de la campaña de Ernesto Samper, elegido presidente en 1994.Bajo el gobierno Samper, Gómez Hurtado hizo varios pronunciamientos enfocados a rechazar los actos de corrupción y la presencia del narcotráfico en las arcas del poder. La manera que encontró para hacerlo antes de perder la vida fue con editoriales que escribió entre agosto y octubre de 1995.Dos semanas después de su asesinato, Samper se pronunció diciendo que se ofrecían hasta 2.000 millones de pesos de recompensa a quienes brindaran información que llevara a dar con el paradero de los responsables. Dos días después, el 18 de noviembre, se acercó a las autoridades Carlos Alberto Lugo, el primer informante, y sus señalamientos llevaron a detener en Sincelejo a Héctor Paul Flórez, Manuel Mariano Montero y Flaminis de Jesús Tovar como supuestos autores materiales de los hechos. Flórez fue sentenciado a 40 años de cárcel, a Tovar lo dejaron libre porque se probó que estaba en Sincelejo el día del crimen, y a Montero luego de indagarlo también lo declararon inocente.La Fiscalía siguió adelantando investigaciones que componen miles de folios que ahora están en poder de la Fiscalía 242 especializada en Derechos Humanos, despacho encargado de revisar un proceso por el que, según la familia, se han tenido en la mira a 13 personas sin dar aún con los responsables.Lo que tiene en su poder el fiscal son 14.000 registros que se han ido sistematizando con el fin de depurar información. “El grupo investigador ha desarrollado una metodología de análisis cualitativo y cuantitativo que integra herramientas tecnológicas y criterios de investigación criminal. Entre sus principales logros se encuentra la creación de una matriz de inventario que organiza 1.755 diligencias, entre declaraciones, versiones libres e indagatorias, y una matriz de análisis de 45 ítems que permite identificar con precisión la información relevante para orientar las líneas de investigación futuras”, conoció EL TIEMPO por parte de la Fiscalía.Durante las tres décadas que han pasado desde el crimen, que en 2017 fue declarado como delito de lesa humanidad, las hipótesis han conducido a que habría responsabilidad estatal en los hechos y que en ellos participaron capos del narcotráfico que se sirvieron del único condenado. Entre las pesquisas se ha puesto la mira sobre el DAS, la Policía, el Ejército, el grupo ilegal Jega (el mismo que secuestró a Juan Carlos Gaviria, hermano de César Gaviria), la red criminal Dignidad por Colombia, el Eln, las Farc y el narcotráfico.Al día de hoy, la Fiscalía mantiene su investigación sobre tres tesis en particular: agentes estatales, el cartel del norte del Valle y las Farc. “La investigación ha incorporado un análisis victimológico integral del doctor Álvaro Gómez Hurtado, enfocado en comprender su entorno político, académico y social como posible contexto de riesgo. A la fecha, se han emitido 82 resoluciones de impulso, 13 inspecciones judiciales y 68 informes de policía judicial”, dijo el ente acusador, que reconoce que hay falencias, pero afirma que hay en marcha “un modelo investigativo innovador, demostrando que la aplicación del método científico en casos de alta complejidad contribuye significativamente al esclarecimiento de la verdad y al fortalecimiento institucional de la justicia colombiana”.En la diligencia participaron, además de ‘Timochenko’, los magistrados de la Sala de Reconocimiento. Foto:JEPNo obstante, para la familia del líder conservador la entidad ha fracasado en sus intentos por llegar a los responsables.Los otros vinculadosPoco después del crimen, el testigo Carlos Alberto Lugo le contó al agente de la Sijín Amín Antonio Acuña que le constaba la participación de Héctor Paul Flórez, Manuel Mariano Montero y Flaminis de Jesús Tovar en el crimen. Pero el agente Acuña hace parte del capítulo del desvío de la investigación del Álvaro Gómez Hurtado, protagonizado por él y los policías Marcos William Duarte, otrora jefe de la unidad de homicidios de la Dijín, y Luis Guillermo Parra Niño, comandante de la Dijín en Sincelejo, Sucre.Lo que se probó es que Lugo, en el afán de quedarse con la recompensa –que al final no recibió–, señaló sin prueba alguna a los hombres que fueron capturados. Por esos hechos, en 2015 lo condenaron por el delito de falso testimonio.En cuanto a la línea investigativa sobre los nexos del narcotráfico con el ataque, varias personas fueron escuchadas. Entre ellas Henry Loaiza, el ‘Alacrán’; Luis Hernando Gómez, ‘Rasguño’, y Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’. Todos dijeron que no conocieron nada acerca del crimen o que fueron testigos de oídas y sus testimonios no eran fidedignos, aunque ‘Rasguño’ apuntó a que los responsables habrían sido miembros del cartel del Norte del Valle, al mando de Orlando Henao, alias el Hombre del Overol. LEA TAMBIÉN A la par, otra tesis la abrieron la entonces senadora Piedad Córdoba y el exintegrante de las Farc Julián Gallo, apuntando hacia esa guerrilla. Esas versiones no alcanzaron a conocerse en la justicia ordinaria, no obstante, según fuentes de la Fiscalía, en 2011, el exsenador José Obdulio Gaviria allegó un diario de ‘Tirofijo’ en el que decía que ellos habían ordenado el magnicidio. Al parecer, Gaviria recibió ese diario en Florencia y pidió que se escuchara a Álvaro Leyva en entrevista, lo cual nunca se hizo.El expediente en la JEPMás allá de las pesquisas en la justicia ordinaria, desde hace cinco años la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene bajo estudio el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado dentro de su macrocaso número 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc. Sin embargo, la familia del líder político interpuso un recurso ante la Sala de Apelaciones de la JEP contra la resolución del 4 de julio de 2025, en la que la Sala de Verdad de la JEP declaró su competencia para conocer el caso, pese a aceptar que aún existen dudas sobre la participación de la antigua guerrilla en el crimen.En el documento de 80 páginas, la Sala analizó las versiones rendidas por varios exintegrantes de las Farc, entre ellos Julián Gallo, conocido en la guerra como ‘Carlos Antonio Lozada’, quien reconoció responsabilidad individual en el asesinato y, además, fue recientemente condenado por la JEP por secuestros durante el conflicto.Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Foto:ArchivoSegún su relato, el crimen fue ordenado por el entonces secretariado de las Farc, conformado por Manuel Marulanda Vélez (‘Tirofijo’), Guillermo León Sáenz Vargas (‘Alfonso Cano’), Luis Edgar Devia Silva (‘Raúl Reyes’), Rodrigo Londoño Echeverry (‘Timochenko’), Víctor Suárez Rojas (‘Mono Jojoy’), Luciano Marín Arango (‘Iván Márquez’) y Jaime Tarsicio Guaraca (‘Jaime Guaracas’).Julián Gallo aseguró que recibió la instrucción directamente del ‘Mono Jojoy’ y que el homicidio fue ejecutado por cuatro integrantes del frente urbano ‘Antonio Nariño’, bajo su mando. De acuerdo con su versión, los responsables materiales fueron Darío Bolaños, ‘ Danilo’; Federico Quesada, ‘Chayanne’; Juan Carlos Palacios Palacios, ‘Fredy’, y un cuarto hombre identificado como ‘Sebastián’, cuyo paradero se desconoce.No obstante, el propio Gallo precisó que no participó directamente en la ejecución y que, al momento de los hechos, se encontraba en Guaviare en una reunión del ‘bloque Oriental’. Dijo haber impartido las órdenes logísticas, pero que conoció la noticia del asesinato a través de los medios de comunicación y, posteriormente, recibió el reporte de sus subalternos. LEA TAMBIÉN Pese a esas declaraciones, la JEP advirtió que la evidencia reunida no permite confirmar de manera definitiva la responsabilidad de las Farc, aunque tampoco la descarta. La Sala señaló que la hipótesis de autoría se sustenta casi exclusivamente en el testimonio de Gallo y en la supuesta autenticidad del documento conocido como El libro gordo de Marulanda. Por esa razón, la JEP resolvió mantener la competencia para seguir investigando los hechos, pero únicamente respecto de los exintegrantes de las Farc que son comparecientes ante el tribunal. En su decisión, la JEP también dejó abierta la posibilidad de que otros actores hubiesen participado en el magnicidio, al considerar que las dinámicas del sicariato en los años 90 no excluyen la intervención de agentes corruptos de la Policía, narcotraficantes u otros actores que pudieron tener interés en el asesinato “para desestabilizar, apoyar al gobierno de turno o por cualquier otra razón en esos tiempos turbulentos”.Según la resolución, aunque persisten dudas sobre la autoría de la antigua guerrilla, existen “razones suficientes —aunque no definitivas—” para presumir que el secretariado de las Farc ordenó y ejecutó los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas.Pero la familia del líder conservador considera que esa conclusión vulnera los estándares de contraste probatorio exigidos por el propio sistema de justicia transicional. En su recurso contra la decisión, advierten que solo uno de los comparecientes —Julián Gallo Cubillos— ha reconocido responsabilidad, sin aportar “prueba documental, testimonial o material alguna que permita verificar objetivamente su relato”.Héctor Paul Flórez, condenado por el magnicidio de Álvaro Gómez Foto:archivOEl documento destaca que este aporte ha sido cuestionado por los familiares de la víctima, en especial por Mauricio Gómez Escobar, hijo del dirigente, quien refutó la versión de Lozada durante una diligencia ante la JEP, poco antes de fallecer. Enrique Gómez recordó esa intervención en la que su familiar, pese a su grave estado de salud, reclamó la verdad en una carta:“El país espera de las Farc la verdad y no la mentira. Pero una verdad cierta y probada, contundente, categórica, no cortinas de humo y vaguedades, leyendas, contradicciones, información de oídas, fantasmas, acusaciones gratuitas a muertos que ya no se pueden defender ni pueden hablar. Muchos quieren creer en esta confesión de las Farc, pero la verdad y la justicia no son un acto de fe, sino el resultado de la demostración de que lo que se dice es cierto y verdadero”.La familia Gómez sostiene que el relato del exguerrillero no fue contrastado con pruebas independientes y ha sido directamente controvertido. Además, en su apelación, Enrique Gómez advirtió que el retraso en definir la competencia sobre el caso ha erosionado la confianza de las víctimas y limitado sus posibilidades efectivas de defensa frente a lo que califican como “una narrativa ya consolidada”. LEA TAMBIÉN En todo caso, será la Sala de Apelaciones la que definirá si la JEP conserva la competencia sobre el magnicidio o si el caso debe ser remitido por completo a la justicia ordinaria, tal como lo ha pedido la familia de Álvaro Gómez Hurtado.Carlos López Benavides y Juan Diego Torres – Redacción Justicia