Sanidad da un mes a las comunidades del PP para que remitan los datos sobre los cribados antes de ir a los tribunales | Sociedad

El Ministerio de Sanidad ha hecho un requerimiento oficial a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que entreguen los datos de los programas de cribados del cáncer de mama, cérvix y colorrectal. Ya hubo una petición cuando estalló el escándalo en Andalucía, donde más de 2.300 mujeres no recibieron resultados de sus pruebas dudosas. Ahora, Sanidad da un plazo de un mes para recibir los datos antes de poner el caso en manos de la Justicia, según ha anunciado este martes la ministra Mónica García tras el Consejo de Ministros.García ya había anunciado “acciones legales” en caso de no recibir los datos de los cribados, después de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular (11 de las 17) anunciaban que se negaban a facilitar las estadísticas. Según García, el resto de las autonomías o los han remitido o han mostrado su disposición a hacerlo.Los consejeros de sanidad del PP comunicaron por carta al ministerio que no iban a enviar esos datos con distintos motivos. Mientras la Comunidad Valenciana argumentaba que no existe un requisito legal para ello, La Rioja esgrimía que no existe una plataforma informática para hacerlo, y Madrid que Sanidad usaría esa información en contra del Gobierno de Ayuso.García ha requerido los datos “de inmediato”. Se ampara en el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tal y como hizo con el registro de objetores de conciencia en las tres autonomías que todavía no lo habían creado: Aragón, Baleares y Madrid. Las dos primeras ya iniciaron los trámites, pero Madrid todavía no.Sanidad invoca las leyes que rigen el Sistema Nacional de Salud —Ley 14/1986, Ley 16/2003 y Ley 33/2011—, que atribuyen al Ministerio de Sanidad competencias en materia de coordinación general, evaluación y vigilancia en salud pública. En ellas se recoge la responsabilidad del Gobierno central de garantizar que los sistemas de información sean homogéneos, oportunos y útiles para la toma de decisiones. García esgrime, además, que la Ley General de Salud Pública establece, que las comunidades autónomas deben asegurar el cumplimiento de los requisitos de vigilancia y proporcionar la información solicitada por las autoridades sanitarias, con la desagregación y periodicidad necesarias.El enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades populares se agravó el pasado 24 de octubre, cuando los consejeros del PP abandonaron el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebraba en Zaragoza. La ministra los calificó de “cafres” por “boicotear la transparencia y la información que deben dar a la ciudadanía”. Los consejeros acusaron a García de haber “transformado el Consejo Interterritorial en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades y vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento”.Se quejan los populares de que el protocolo que el ministerio y las propias comunidades acordaron en abril para centralizar los datos de los cribados no está todavía terminado, por lo que no es posible facilitarlos de forma homogénea y reglada. Ese protocolo, en cualquier caso, no está destinado a conocer cómo se notifican las pruebas a las mujeres ―su creación es de antes del escándalo andaluz―, sino a tener una imagen nacional de los resultados de los cribados: cuántas personas se someten a ellos, cuántos cánceres se detectan, en qué momento.