En la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, las cabezas de las altas cortes se reunieron en un evento académico, en la Universidad Externado, para rememorar estos eventos desde la perspectiva del tiempo, con las lecciones democráticas de un hecho que cambió la historia judicial del país.El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejiro, hizo un llamado a la reflexión sobre la gran víctima, que fue Colombia, de el peor ataque contra su médula espinal, la democracia. “Hoy, las palabras del presidente de la Corte Suprema, magistrado Reyes Echandía, cobran más relevancia que nunca: ‘que cese el fuego’”, dijo.Augusto Tejeiro Duque, presidente de la Corte Suprema Foto:Néstor Gómez- El TiempoEl presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, recordó la toma y retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, como “una herida fundacional”.“Por esa época, la Corte Suprema de Justicia cumplía funciones de juez constitucional; el país afrontaba una violencia política y sufría serios ataques del narcotráfico, que ya habían cegado la vida del ministro de Justicia Lara Bonilla, mientras los magistrados y consejeros de Estado eran amenazados por el proyecto del tratado de extradición”, señaló el magistrado Ibáñez.La cabeza de la Constitucional recalcó en la responsabilidad de la guerrilla del M-19 en el holocausto. “Lo decimos sin ambages, con base en las investigaciones, el principal responsable del acto terrorista fue el movimiento guerrillero”, afirmó.“A la operación de toma le siguió una operación militar de retoma del Palacio de Justicia por parte de las autoridades, que desató un descomunal combate en la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, donde solo había población civil —unas 350 personas—, y en el que ambas partes emplearon armas de altísimo poder ofensivo”, agregó el magistrado.Jorge Enrique Ibáñez. Foto:CEETIbáñez afirmó que el Estado colombiano fue condenado por la forma en que se ejecutó la operación de retoma y por el proceder equivocado de la Fuerza Pública en un operativo marcado por la “anarquía de las unidades que intervinieron”. No obstante esa responsabilidad, recordó que solo hasta el año 2000 se iniciaron las investigaciones penales contra los militares.Ibáñez cuestionó los vacíos judiciales que persisten 40 años después, entre ellos las investigaciones contra los funcionarios que retiraron la seguridad del Palacio y la identificación plena de los cuerpos de las víctimas.Así mismo, llamó la atención sobre las faltas a la verdad, un flanco que ha sido epicentro de debate por las versiones que ha difundido el jefe de Estado, exintegrante del M-19, sobre el holocausto. “Se ha querido deformar la historia. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino demencial”, señaló el magistrado, en alusión al comentario del presidente Gustavo Petro, quien —según una anécdota difundida—, en una reunión con el magistrado de la Corte Suprema Gerson Chaverra, se refirió a la toma como “una insurrección” del movimiento.“La violencia contra la justicia se enfrenta con justicia, no con silencio”, agregó Ibáñez. Y llamó la atención sobre los ataques que persisten contra la Rama por las decisiones que se toman en derecho. “Los discursos de odio contra los jueces, sea cual sea su blanco, son síntomas que no podemos trivializar”, advirtió.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPOEl vicepresidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, evocó el dolor de las familias de las casi 100 víctimas, entre ellas los 11 magistrados, y recordó las sentencias emitidas desde la jurisdicción contenciosa administrativa para garantizar la reparación de los daños ocasionados.El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Mauricio Tamayo, por su parte, afirmó que “los dolorosos hechos que enmarcan la toma y retoma deben ser recordados para no repetirse jamás”.“No podemos olvidar que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 no fue un hecho sorpresivo; al contrario, había rumores y, ante ello, en lugar de reforzar las medidas de seguridad, se retiró el apoyo policial. Como diría nuestro Nobel de Literatura, fue la crónica de una muerte anunciada”, dijo el magistrado Tamayo.‘La violencia contra los jueces son síntomas que no podemos permitir’. Foto:Archivo particular.Enumeró los hechos que hoy se convierten en lecciones para no repetir: la incursión violenta y armada de la guerrilla, la desproporcionada respuesta del Estado, el uso de armamentos y explosivos, el vacío de poder, las llamas que consumían la edificación, el silenciamiento de los medios de comunicación y la decisión de no negociar.“Las instituciones siguen fuertes y es nuestra responsabilidad, en honor a quienes fueron asesinados, de ejercer nuestras funciones convencidos del papel primordial que tenemos en la defensa de la Constitución y de los derechos”, agregó el magistrado.El presidente de la Judicatura, magistrado Jorge Enrique Vallejo, hizo un homenaje a las víctimas, a los magistrados que ejercen actualmente como jueces y, en general, a todos los servidores judiciales.“El país ha venido fortaleciéndose en su democracia. Algo bueno está pasando en Colombia, algo poderoso está ocurriendo en esta patria. A ustedes, colegas, gracias por analizar y reflexionar sobre lo que vale la pena defender y seguir construyendo”, sostuvo el magistrado Vallejo.Finalizó reprochando a quienes “ven grandeza” en un hecho que significó el “asesinato de la razón” por el terrorismo que “aún le debe la verdad al país”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia