La financiación universitaria reabre el enfrentamiento entre las universidades públicas andaluzas y la Junta | Educación

El desencuentro entre las universidades públicas andaluzas y la Junta de Andalucía, que se arrastra desde finales de 2024, se ha recrudecido a cuenta, de nuevo, de la financiación universitaria. La mayoría de los rectores ha rechazado el segundo reparto del presupuesto universitario de 2025, que el martes aprobó el Consejo Andaluz de Universidades. Alegan que el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) no ha cumplido los compromisos suscritos en 2023 y advierten de que ese “reparto de financiación es claramente insuficiente”, de acuerdo con el comunicado conjunto remitido el 16 de diciembre.Los rectores llaman la atención sobre el hecho de que, en el conjunto de esa partida de 1.775 millones de euros, no se hayan incorporado los 16 millones que el propio Moreno comprometió durante la apertura del curso académico y que iban destinados, según señaló el presidente de la Junta, a sostenibilidad y digitalización. También denuncian que atribuya el pago de 37 millones en conceptos retributivos como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, algo que “no se sostiene jurídicamente”, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Pablo de Olavide de Sevilla, Paco Oliva. Además, este responsable universitario ha alertado de la progresiva reducción de la financiación relativa a la educación pública “con presupuestos que ya ni siquiera alcanzan para pagar las nóminas en muchos casos”.“Tenemos un modelo de financiación que es una norma que vincula a la Junta de Andalucía y que no se está cumpliendo”, advierte Oliva a este diario. El presidente de la AUPA incide en que en ese modelo existe una cláusula de salvaguarda que estipula que todas las universidades deben recibir el mismo presupuesto que el aprobado el curso anterior, más todos los incrementos retributivos. “Eso no se cumple con el reparto del martes”, señala. Por su parte, la Consejería de Universidad defiende este segundo reparto presupuestario y destaca el aumento global de fondos, en un 5,01%, que incluyen una inyección adicional de 9,5 millones de euros para “proyectos estratégicos” y el aumento salarial del 2,5% fijado por el Gobierno central para los empleados públicos, que, recalcan desde la Junta, ha supuesto un desembolso extra de 38,87 millones. También defiende que la distribución “permite dar cumplimiento a los acuerdos económicos en materia de personal, adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa de negociación de las universidades públicas andaluzas”.El rector de la Pablo Olavide destaca el grave problema que supone para las universidades que en ese reparto no se incluyan esos 16 millones que prometió Moreno: “La sostenibilidad medioambiental, pero especialmente la digitalización, son esenciales porque allí debemos gastar mucho dinero, y es tremendamente preocupante que esa partida haya desaparecido y que el compromiso no se haya respetado”. Oliva también cuestiona que la Junta considere como “proyectos estratégicos” las partidas destinadas al abono de los complementos autonómicos del profesorado y de la carrera profesional del profesional técnico. “Pagar trienios no puede considerarse un proyecto estratégico universitario”, advierte el rector. “Esto forma parte de la gestión ordinaria del sistema universitario”, incide para llamar la atención sobre el hecho de que las universidades ya han adelantado esas cantidades, pero que la partida reconocida en el reparto “es sensiblemente inferior”. “Nos faltan 200.000 euros porque la Junta no ha tenido en cuenta los costes asociados a la Seguridad Social. Hay una divergencia entre lo que hemos pagado y lo que vamos a recibir y eso nos causa un daño inmediato a las arcas de la universidad”, abunda. Oliva hace hincapié en el acuerdo relacionado con los complementos retributivos para el personal docente e investigador y para los técnicos en gestión, administración y servicios cuyo incumplimiento, que fue, precisamente, uno de los motivos que llevó a los rectores a amagar con movilizaciones a finales del año pasado y que finalmente se resolvió a en marzo, después de meses de duras negociaciones. Ahora, están estudiando todas las opciones para que la Junta cumpla con el modelo de financiación que aprobó en Consejo de Gobierno en 2023.Un año de desencuentrosEl cumplimiento del nuevo modelo de financiación universitaria y de los acuerdos de la mesa de negociación han sido uno de los principales puntos de fricción entre las universidades públicas y el Gobierno de Moreno, a los que, a lo largo de este año se ha sumado también el conflicto por la disparidad de criterios a la hora de conceder nuevas titulaciones, mucho más laxos con las universidades privadas que con las públicas. Este verano la AUPA alertó del deterioro en el funcionamiento y los procedimientos de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), lo que generaba incertidumbre en los centros universitarios y cuya rigidez para los de carácter público contrastaba con la flexibilidad para el caso de los nuevos centros privados. Finalmente, fue el Gobierno central quien enmendó los criterios de la Junta y verificó los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial e Ingeniería Biomédica para ser impartidos en la Universidad de Granada y la de Jaén. La ACCUA había negado la validez en dos ocasiones, pero sí dio su visto bueno al mismo grado para la privada Universidad de Loyola.No es el único frente abierto. Los rectores también han manifestado su preocupación por los cambios introducidos en el Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). A principio de diciembre, durante su intervención en la Comisión de Universidad en el Parlamento autonómico, Oliva advirtió sobre “modificaciones sustanciales y no consensuadas” con respecto a un borrador que los rectores avalaron en 2024. Entre los cuestionamientos, el presidente de la AUPA incidió, de nuevo, en la insuficiente financiación de la norma y recordó la importancia de que alcance el 1% del PIB en el ámbito universitario, como establece la Ley Orgánica de Sistema Universitario, de 2023. “Una ley sin financiación está condenada a convertirse en papel mojado o, peor aún, a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público”, recalcó.