Para ser testigos de primera mano de las afectaciones de la nueva ola de violencia en el Catatumbo, una Comisión Humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Diócesis de Tibú recorrió los municipios más afectados por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de Calarcá, que negocian su desarme con el Gobierno, y la guerrilla del Eln.”Hemos venido al Catatumbo a escuchar, y lo que se oye es un clamor desgarrador por paz. La voz de las comunidades, atrapadas entre el miedo, el confinamiento y el abandono, se escucha con fuerza”, dijo la defensora Iris Marín en un comunicado conjunto. Una de las zonas de Catatumbo. Foto:CortesíaLa misión tuvo como objetivo, además de verificar la situación humanitaria de la región y elevar sus observaciones al nivel central, entregar las ayudas enviadas por la Gobernación de Norte de Santander, el ICBF y la Unidad para las Víctimas a comunidades de Versalles y Pacheli, los corregimientos más golpeados.”El Frente 33 de las disidencias de ‘Calarcá’, actualmente en negociaciones de paz con el gobierno, y el Eln continúan disputándose el territorio sin medir los impactos en la población civil”, señaló la Comisión. Las entidades señalaron como preocupaciones el uso constante de drones que “sobrevuelan las comunidades, lanzan explosivos y generan lesiones entre los civiles”, así como la presencia de minas antipersonales esparcidas en buena parte del territorio, que “siembran el miedo en la población”, obligándola a confinarse y provocando afectaciones adicionales, como la desescolarización de los niños y niñas.En Versalles, desde el paro decretado por el Eln entre el 14 y el 17 de diciembre, la circulación por las vías está prohibida. No llega la comida, no hay gas, los profesores han renunciado y los niños no cuentan con conexión a internet para continuar sus estudios de forma virtual. La situación se replica en Guayabal, Angalia y Pacheli. “El acceso a bienes y servicios básicos está bloqueado, la economía paralizada y la movilidad restringida por el miedo a los enfrentamientos. Dos líderes comunitarios fueron amenazados y tuvieron que abandonar sus pueblos, que se han convertido en trofeos de guerra disputados por los grupos armados. No hay personal médico, y cualquier emergencia puede transformarse en tragedia”, señalaron desde la Comisión Humanitaria.Filogringo, un corregimiento del municipio de El Tarra, que llevaba 20 años recuperándose tras los ataques paramilitares, hoy es un pueblo fantasma por los enfrentamientos registrados entre el 29 y el 31 de diciembre.Según el reporte de las entidades y organismos, seis civiles resultaron heridos en El Tarra y muchas familias desplazadas permanecen en condiciones precarias, viviendo de la solidaridad de vecinos, sin recibir ayuda estatal. En el kilómetro 16 también se registraron desplazamientos forzados durante los combates de diciembre, y aunque algunos retornaron, requieren acompañamiento permanente y atención psicosocial.Ejército desplegó tropas en Catatumbo. Foto:Ejército.“Muchas personas, incluyendo jóvenes y niños, viven agobiadas por el temor constante a explosivos, drones y combates. Muchas son migrantes venezolanas, con barreras adicionales de acceso a la ayuda humanitaria por su condición migratoria”, alertó la defensora Iris Marín.La misión hizo un llamado urgente a los grupos armados para que cesen la violencia, respeten el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de la población, permitan la movilidad de las comunidades y procedan a descontaminar el área de artefactos explosivos.Con base en lo observado durante su recorrido, exigieron al Gobierno garantizar la protección inmediata de la población civil y mantener una presencia permanente en el Catatumbo, que sigue sufriendo los coletazos de la peor emergencia humanitaria registrada en décadas, con al menos 80.000 desplazados y alrededor de dos centenares de personas asesinadas. Pese a que fue decretada la conmoción interior y la emergencia económica para conjurar las causas de la violencia en el Catatumbo, las medidas implementadas, según el seguimiento que han hecho entidades como la misma Defensoría del Pueblo, siguen sin traducirse en soluciones estructurales que contrarresten la gobernanza criminal que ejercen los grupos armados. Esta carencia de avances cobra especial relevancia en un contexto en el que se teme que la posible intensificación de los enfrentamientos —alimentada por dinámicas transfronterizas tras recientes intervenciones en Venezuela— pueda agravar aún más la crisis humanitaria que vive la región.“La guerra en el Catatumbo debe parar. Los campesinos quieren movilizarse por las vías, acceder a educación, vivir en paz y recuperar la tranquilidad en sus hogares. Es hora de reconocer la grandeza de nuestro pueblo y valorar a quienes claman por la paz en este territorio”, concluyó la defensora.Juan Carlos Pinzón habla de su llegada a la ‘Gran Consulta’ Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia