Cuando la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001 de 2025, advirtió que la guerra entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá Córdoba’ estaba llevando al Guaviare a una grave crisis humanitaria. En enero del 2025, los combates en zona rural de San José del Guaviare dejaron 20 muertos, entre ellos seis menores y cinco mujeres, y un año después nuevos enfrentamientos entre las mismas facciones han dejado cerca de 30 presuntos disidentes asesinados.La entidad, encabezada por Iris Marín, ha reiterado que el control territorial y de economías ilegales —como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal— es el motor de esta confrontación, y que sus principales víctimas directas son niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos recién reclutados de manera forzada por los grupos armados.Habitantes , autoridades y familiares de las víctimas de la masacre en la zona rural de Guaviare. Foto:Mauricio MorenoEn la alerta, que un año después sigue vigente, la entidad advirtió sobre el posible agravamiento de la crisis humanitaria si no se gestiona de manera oportuna e integral el impacto de la confrontación entre las estructuras de ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’. El riesgo, subrayó, es especialmente alto para pueblos indígenas y comunidades campesinas, así como para líderes sociales, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y niños, niñas y adolescentes, considerados sujetos de especial protección constitucional.La advertencia no se limita al Guaviare. Según la Defensoría, una ofensiva de las facciones de ‘Iván Mordisco’ contra las de ‘Calarcá Córdoba’ podría expandir el conflicto hacia el sur del Meta, afectando municipios como Puerto Concordia, Mapiripán, La Macarena, Lejanías, Uribe, Mesetas, Puerto Lleras y Puerto Rico. En estos territorios, el riesgo para Guardias Campesinas y Juntas de Acción Comunal podría extremarse, debido al interés de ambos bandos en instrumentalizar a estas organizaciones comunitarias.De igual forma, la expansión de las disidencias de ‘Calarcá Córdoba’ contra las de ‘Iván Mordisco’, que ya se refleja en confrontaciones en Calamar, podría extenderse a otras zonas vecinas de San José del Guaviare, donde el Frente Jhon Linares estaría avanzando hacia áreas contiguas y de frontera con el Meta, antiguamente bajo control del Frente Primero. Esta disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez también podría generar nuevos escenarios de riesgo para poblaciones de Guainía y Vichada, departamentos estratégicos como corredores históricos de las antiguas Farc.Imágenes del municipio de Calamar en Guaviare. Foto:Mauricio MorenoLa Defensoría documentó que los combates han llevado a la suspensión de actividades educativas presenciales, afectando directamente a niñas, niños y adolescentes. Además, se han reportado presiones contra docentes, que van desde restricciones de movilidad hasta el temor por el posible reclutamiento forzado de estudiantes en las zonas más golpeadas por la confrontación.La alerta también fue emitida en un contexto de choques armados simultáneos entre las disidencias y combates entre las estructuras de ‘Iván Mordisco’ y el Ejército Nacional, lo que obligó a adoptar medidas preventivas para evitar violaciones a los derechos de la población civil y del personal que participa en jornadas de salud y misiones humanitarias.Uno de los puntos más críticos señalados por la Defensoría es la persistencia de las dinámicas de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en menores pertenecientes a comunidades indígenas. A esto se suma el traslado de menores reclutados desde el suroccidente del país hacia departamentos como Putumayo, Caquetá, Meta y otros territorios identificados en riesgo.En sus recomendaciones, la Defensoría instó al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, a orientar a las entidades responsables para formular planes de acción urgentes en prevención, protección integral y atención humanitaria, con enfoque diferenciado para líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, niños y otros grupos de especial protección. También pidió garantizar la participación de las comunidades afectadas en los espacios de seguimiento, bajo un enfoque humanitario y de “acción sin daño”.Asimismo, recomendó a los Departamentos de Policía del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Huila, Meta y Guaviare, en coordinación con el Ejército Nacional, “garantizar la cobertura, movilidad, comunicaciones y pie de fuerza, en aras de ampliar el acompañamiento a las veredas y corregimientos de los municipios focalizados en riesgo, con el propósito de prevenir el desarrollo de actividades ilegales como la extorsión, tráfico de armas, municiones y explosivos, entre otros”. A la Oficina del Consejero Comisionado de Paz le solicitó impulsar, en el marco de la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, acuerdos especiales de derecho internacional humanitario que faciliten el acceso humanitario y frenen las violencias contra la población civil.Sin embargo, pese a las gabelas que gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado a ‘Calarcá’, sus disidencias continúan delinquiendo a lo largo y ancho del país.Redacción Justicia