En 2025, año en el que la Nueva EPS estuvo gerenciada por el Gobierno tras su intervención, se registró una disparada en la cantidad de quejas por atención en salud ante la Defensoría del Pueblo. La cifra promedio en los 14 departamentos priorizados fue de 161 %. Sin embargo, hay regiones como Huila o Vichada en las que este pico superó el 500 %.Así lo registra el más reciente informe de la entidad, que desagrega los principales reclamos de los pacientes por región. En la Amazonía, por ejemplo, el motivo más reiterado es la “falta de oportunidad en citas médicas especializadas o en medicina general”. Le sigue la falta de oportunidad en otros servicios, como procedimientos, tratamientos, exámenes de laboratorio, órtesis, prótesis e insumos médicos, cirugías, las fallas en la entrega de medicamentos y, por ejemplo, en Amazonas y Vaupés, la negación de cubrimiento de transporte, alojamiento y alimentación para el paciente.En Guainía y Guaviare, por ejemplo, la situación es crítica al ser la Nueva EPS el único asegurador. Allí, la Defensoría registró falta de disponibilidad de medicamentos del operador Discolmets, con negaciones, entregas incompletas y pendientes.Igualmente, se evidencian cartera y pagos atrasados con los prestadores, lo que ha generado suspensiones parciales de servicios. Por ejemplo, al Hospital San José del Guaviare (ESE II nivel) se le adeudan 54.000 millones de pesos y a la IPS Nueva Salud Integral, 2.000 millones de pesos, con corte a julio de 2025.En la zona Andina, que comprende departamentos como Boyacá, Caldas, Huila, Quindío y Tolima, se registraron problemas similares. Fallas en la asignación de citas médicas, en la entrega de medicamentos y otros servicios.En Boyacá, los principales reclamos están relacionados con la entrega de medicamentos. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la falta de disponibilidad por parte del operador Discolmets, con reportes de negaciones, entregas incompletas y fórmulas pendientes.En el Quindío, los problemas también se concentran en la dispensación de medicamentos y en la incertidumbre de los afiliados frente a la red de atención tras la salida de Colsubsidio desde el 1° de enero. Usuarios han reportado fallas en la información y comunicación sobre los gestores farmacéuticos habilitados, lo que ha incrementado el número de tutelas y PQR.En Tolima, la Defensoría ha advertido fallas graves en la estrategia de entrega de medicamentos, lo que ha generado una saturación del sistema de urgencias ante la imposibilidad de muchos pacientes de acceder a sus tratamientos.Además, se reporta una capacidad hospitalaria desbordada, con ocupaciones cercanas al 200 %, dificultades en remisiones, pago de viáticos y organización de agendas dentro de la red contratada. La situación sanitaria también se ha tensionado por un brote de fiebre amarilla: en lo corrido de 2026 se han registrado 20 casos, con 11 fallecidos.En la región insular, San Andrés y Providencia, se calcan las mismas falencias: interrupciones y suspensiones en la entrega de medicamentos para pacientes crónicos por parte de la IPS Cafam, así como una red de prestadores deficiente que ha generado represamiento de usuarios y demoras en la atención. A esto se suman dificultades para concretar traslados aeromédicos de pacientes que requieren mayor nivel de complejidad, debido a la limitada disponibilidad de instituciones en otros territorios dispuestas a recibir afiliados de la Nueva EPS.Noticia en desarrollo…