La Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia pública sobre los riesgos que podría enfrentar la atención en salud de más de 110.000 personas privadas de la libertad en el país, tras la decisión de adoptar un esquema de operador único a cargo de la Nueva EPS.La preocupación del órgano de control surge luego de que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad determinara que esta EPS asumirá la prestación del servicio para la población carcelaria, en reemplazo del modelo anterior.Según la Defensoría, la alerta se fundamenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS, advertida por la Procuraduría General de la Nación luego de dos años de intervención del gobierno de Gustavo Petro.La defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto:AFPA ello se suma el elevado número de acciones de tutela interpuestas en contra de esta EPS durante 2025, lo que, a juicio del ente de control, genera incertidumbre sobre su capacidad real para asumir la atención integral de esta población, que depende completamente del Estado para el ejercicio de sus derechos fundamentales.La entidad recordó que la Corte Constitucional ha declarado en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, mediante igual número de sentencias, debido a fallas estructurales persistentes, especialmente en materia de salud.En este contexto, la Defensoría subrayó la importancia de que el proceso de transición esté respaldado por estudios técnicos suficientes y una planeación rigurosa que garantice la continuidad asistencial, evite interrupciones en tratamientos y asegure el suministro oportuno de medicamentos.La Nueva EPS es una de las entidades con mayor cantidad de afiliados en el país. Foto:Cortesía Nueva EPSLa entidad también reveló que desde enero solicitó ser invitada al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para aportar al proceso de toma de decisiones a través de sus delegadas para la Política Criminal y Penitenciaria y para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.En su calidad de entidad líder en el seguimiento al estado de cosas inconstitucional, la Defensoría instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a garantizar la prestación inmediata y sin interrupciones de los servicios de salud durante todo el proceso de transición.Asimismo, la Defensoría pidió al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y a la Uspec presentar y socializar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos que sustentan la implementación del operador único, así como divulgar el plan de red integral de prestadores y los contratos que permitan verificar la capacidad instalada.Al final, la Defensoría solicitó que se adopte un plan de transición detallado, con cronograma y responsables claros, que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y control y que se garantice un enfoque diferencial para poblaciones vulnerables dentro de los centros de reclusión, reiterando que activará todos los mecanismos de su competencia si se advierten vulneraciones al derecho fundamental a la salud.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA