La eventual declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno nacional ya empezó a mover fichas en la Corte Constitucional, aun cuando el alto tribunal se encuentra en vacancia judicial desde el viernes pasado. Fuentes de la magistratura señalaron que se estaría considerando la posibilidad de convocar una sala plena extraordinaria la próxima semana, en caso de que el presidente Gustavo Petro expida formalmente el decreto que declare la emergencia, con el fin de iniciar el análisis constitucional de la medida.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el jefe de Estado tomó la decisión de declarar la emergencia económica. Esta figura le otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley, incluidos aquellos que crean o modifican impuestos, para recaudar el hueco de 16,3 billones de pesos que tiene el Presupuesto de 2026 sin necesidad de trámite previo en el Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto:MILTON DÍAZPara justificar la emergencia económica, el Gobierno argumenta la existencia de hechos sobrevinientes no previsibles, entre ellos que el propio Congreso haya aprobado un presupuesto sustentado en una ley de financiamiento y luego negara esa ley, una situación sin precedentes en 30 años, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila. A esto se suman la crisis financiera del sector salud, el riesgo en el pago de subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 —con especial impacto en la Costa Atlántica—, la obligación constitucional de cumplir vigencias futuras por cerca de 15 billones de pesos anuales, el posible incumplimiento en el pago de sentencias judiciales y el deterioro de la seguridad nacional, evidenciado en recientes atentados terroristas a la Fuerza Pública y el uso de drones por parte de grupos armados.Drones Foto:Archivo ParticularSin embargo, la idea de que el Ejecutivo use un decreto de emergencia para imponer una reforma tributaria o realizar un ajuste fiscal sin pasar por el Congreso enfrentaría, según expertos, un camino cuesta arriba en los estrados judiciales, especialmente en la Corte Constitucional, que en varias ocasiones ha tumbado decretos de este tipo cuando no se demuestra que el problema era imprevisible.También se contemplan nuevos tributos o ajustes a los existentes, como la aplicación del IVA a los juegos de azar digitales, incrementos en los impuestos a cervezas, licores y cigarrillos, la elevación del gravamen del 4 x 1.000 al 5 x 1.000 y un impuesto de carácter único a la extracción de hidrocarburos.El argumento central del Gobierno para acudir a esta figura excepcional es el archivo de la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado. Según el Ministerio de Hacienda, esa decisión dejó sin respaldo financiero el proyecto de presupuesto para 2026, estimado en 516 billones de pesos, y abrió un faltante cercano a los 16,3 billones.Por ahora, ni el decreto principal que declararía la emergencia económica ni sus desarrollos reglamentarios están completamente definidos. Al tratarse de una medida extraordinaria, todos los decretos quedarían sometidos a control automático de la Corte Constitucional, aunque ese examen no necesariamente sería inmediato debido a la vacancia judicial.Juan Diego TorresRedacción Justicia