En los últimos días, una serie de acciones armadas ha alterado el orden público en varios municipios del Norte de Santander. Para las autoridades, estos hechos se presentan después del bombardeo realizado en la madrugada del miércoles contra estructuras del Eln, operación en la que habrían muerto al menos diez integrantes de ese grupo armado, entre ellos un menor de edad.Los reportes oficiales de las últimas horas dan cuenta de la instalación de artefactos explosivos en la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, uno de los corredores viales más transitados del departamento. La presencia de los explosivos obligó a restringir la movilidad y a desplegar unidades especializadas para evitar afectaciones a la población civil y a quienes transitan por la zona.Equipos antiexplosivos de la Policía Nacional y del Ejército realizaron la ubicación y destrucción controlada de los artefactos, una intervención que permitió restablecer el paso en la carretera. Las autoridades informaron que la acción evitó riesgos adicionales sobre este eje vial, utilizado de manera constante para el transporte de personas y mercancías.Varios de los artefactos retirados de la vía. Foto:CortesíaEstos hechos se producen un día después de que se registrara un atentado contra las instalaciones del cantón militar en Ocaña. El ataque, atribuido por las autoridades al Eln, dejó dos integrantes del Ejército heridos, quienes recibieron atención médica. La acción se presentó en un contexto de reforzamiento de operaciones militares en el Catatumbo.Según información oficial, el atentado habría sido perpetrado por la guerrilla. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones ponen en riesgo a la población civil que habita en áreas cercanas a instalaciones militares y a los familiares de los uniformados que permanecen en la zona.Vario de los artefactos fueron destruidos. Foto:CortesíaTras el ataque, se desarrolló un consejo de seguridad en las instalaciones del Batallón Santander, con la participación de mandos de la Segunda División y la Trigésima Brigada del Ejército, la Policía Nacional, el alcalde y el gobernador de Ocaña, así como delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.La Defensoría del Pueblo, por su parte, reiteró la necesidad de respeto al Derecho Internacional Humanitario. La entidad señaló que el aumento de las acciones armadas incrementa el temor entre los habitantes del Catatumbo, una región que continúa expuesta a las dinámicas del conflicto armado.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: