En un expediente de 102 páginas está consignado uno de los capítulos judiciales que se abrieron por la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Los principales mandos del M-19, incluido el presidente Gustavo Petro, fueron llamados a juicio por su participación, bajo distintos roles, en el holocausto en el que esa guerrilla asaltó con fuego la sede judicial más importante del país.El llamado a juicio, que se repitió tres años después en otro despacho, no escaló a otra instancia debido a los dos indultos que recibió la guerrilla luego de la firma del acuerdo de paz de 1990, desmovilización que fue clave para la Asamblea Constituyente del 91. Desde entonces, el jefe de Gobierno y sus otrora compañeros del M-19 están blindados de cualquier señalamiento en su contra por estos hechos.El caso del 89 fue llevado por el Juzgado 30 de Instrucción, a cargo de Uriel Alberto Amaya, quien el 31 de enero acusó a varios exguerrilleros por la toma en la que fueron asesinados magistrados, auxiliares y otros civiles. El presidente Petro no participó materialmente del asalto. El 6 y 7 de noviembre del 85 estaba detenido en Zipaquirá, Cundinamarca, y cuatro décadas después, bajo su mandato, ha justificado el accionar del M-19 y ha ondeado su bandera públicamente. Tales actos han generado rechazo en las víctimas, que se han empeñado en que permanezca viva la memoria de lo que pasó durante 28 horas de terror en el sótano, oficinas y baños del Palacio. Homenaje de la Corte Suprema por la toma y retoma del Palacio de Justicia. Foto:Milton Díaz/El TiempoEl juez Amaya acusó a Petro, como dirigente nacional del M-19, de los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad; y ordenó su detención inmediata cobijando a otras personas como Carlos Pizarro, Antonio Navarro Wolf, Otty Patiño, Vera Grabe, Everth Bustamante y Rosemberg Pabón.Ellos no hicieron parte del grupo de 35 guerrilleros que entraron a las instalaciones del Palacio a tomárselo -bajo el mando de Luis Otero y Andrés Almarales- en la mañana del 6 de noviembre, pero el juez instructor los llamó a juicio bajo la tesis de que todos los mandos con voz y voto en la organización tenían que responder por tales hechos.”Estos miembros del M-19 plenamente identificados, que tenían para la época de los hechos una capacidad funcional de decisión, son autores mediatos del hecho punible de rebelión, y coautores mediatos de los punibles conexos con aquel, en la forma vista, y con base en las consideraciones jurídicas expresadas”, se lee en el expediente.Palacio de Justicia en Bogotá. Foto:Néstor Gómez – El TiempoEsas acusaciones, sin embargo, se derrumbaron un año después cuando el M-19 firmó un acuerdo de paz en marzo de 1990 con el gobierno del presidente Virgilio Barco. A cambio de dejar las armas, la guerrilla recibió un indulto por los delitos cometidos. El caso, sin embargo, no quedó allí. En 1992 la jueza Clemencia García volvió a acusar a cerca de 25 dirigentes del M-19 advirtiendo que los delitos de terrorismo e incendio no tenían carácter político como sí pasaba con el cargo de rebelión. La decisión generó controversia y llevó al entonces presidente César Gaviria a tramitar otra ley para emitir un segundo indulto con el que se blindó de una vez por todas a los exguerrilleros, entre ellos al hoy Presidente de la República.Después de 40 años, las víctimas del holocausto han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que el M-19 aporte verdad frente a estos hechos, aclarando quién lo financió y planeó. Uno de ellos fue Carlos Medellín Becerra, hijo del exmagistrado Carlos Medellín Forero, víctima del asalto. Carlos Medellín Becerra, hijo del exmagistrado Carlos Medellín Forero. Foto:Archivo particularEl exministro participó de un foro organizado por el Externado y EL TIEMPO esta semana, espacio en el que afirmó que “la juez de orden público dijo que hay unos delitos que no son amnistiables e indultables, que son las violaciones al derecho internacional humanitario. Y vino el segundo indulto. Cualquier estudiante de primer año podría preguntarse si el primer indulto no servía, por qué el segundo sí”, resaltó Medellín en un foro organizado esta semana por el Externado y EL TIEMPO.Detalles del expedienteCon fecha del 31 de enero de 1989, el juez Uriel Amaya decidió acusar en su expediente a Petro y otros dirigentes del M-19 teniendo en cuenta testimonios, dictámenes periciales, informes y actas de levantamiento.El despacho reconstruyó cómo la guerrilla armó la logística para perpetrar el ataque. Días antes, el 16 de agosto, arrendó un apartamento a través de Jesús Benjamín Hortua. El plan allí no funcionó y terminaron alquilando una casa que luego fue reseñada por una fuente anónima como albergue de la guerrilla. En ese sitio encontraron material para fabricar bombas caseras y documentos de cómo se iba a entrar al Palacio.El día de la toma, cerca de 35 guerrilleros llegaron por el sótano en tres carros, mientras que otras cinco personas cercanas al M-19 entraron como visitantes bajo la excusa de que iban a pedir información sobre procesos judiciales.Foto inédita de EL TIEMPO muestra la fachada del Palacio de Justicia. Foto:EL TIEMPOSegún el expediente, la reacción de las autoridades ante el ataque fue aislada, hasta que luego llegaron a coordinarse para acordonar el sector. Ese procedimiento terminó con la retoma al Palacio, en la que militares terminaron atacando a civiles en su objetivo por recuperar el control de la sede.Volviendo a la guerrilla, en el informe se documenta que sus mandos estaban divididos en dos frentes, uno de Luis Otero y otro de Andrés Almarales, quienes dieron línea de cómo proceder a sus otros compañeros. Del grupo de excombatientes solamente se tiene documentado que quedaron vivas dos personas: Irma Franco y Clara Elena Enciso.Las 28 horas de terrorDe acuerdo a los relatos de los sobrevivientes, en cada uno de los pisos del Palacio se vivieron 28 horas de angustia entre la toma y retoma. Uno de los capítulos más recordados es el incendio, del que salieron varias hipótesis: que fue ocasionado en el cuarto piso por los expedientes que la guerrilla arrojaba al Ejército, que surgió en el tercero con la quema de la biblioteca y que fue producto de bombas que tiraban desde afuera del complejo.Evento del Palacio de Justicia Foto:CortesíaEn el baño ubicado entre el segundo y tercer piso, el grupo de rehenes alcanzó a ser identificado porque el magisrado Reynaldo Arciniegas pudo salir para llevar un mensaje del grupo guerrillero, sin embargo su clamor se quedó en el papel porque el fuego no paró.La intención del M-19, según consta en el documento, era realizarle un juicio político al presidente Belisario Betancur, y que la Corte Suprema intermediara en ese proceso. “Por estas razones, la toma del Palacio de Justicia, dentro del designio mismo de la pretensión y del acontecer de la acción, se adecúa en el hecho punible principal de rebelión”, dice el expediente.En él se añade que se tenía que proferir la acusación contra los miembros del M-19 dependiendo de su participación. Como autores de rebelión se mencionó a los 35 miembros del comando guerrillero del M-19 que llevó a cabo la toma, pero solo se resultó llamando a Franco y Enciso. Uno de los apartes más sensibles ligado a Petro y otros dirigentes tiene que ver con que para el juzgado, “los comandantes, directores, orientadores, jefes y todo activista que haya ocupado una posición de mandos dentro de la organización insurgente, con capacidad de decisión o por lo menos de opinión dentro de la organización misma, participa tanto de los acuerdos ideológicos y políticos que precedan la organización, como de todas las acciones derivadas de aquellas facultades”.El presidente Gustavo Petro en la cumbre de Belém. Foto:PresidenciaA renglón seguido, el juez subrayó que la responsabilidad de una organización subversiva “no se puede limitar a sus simples y aparentes dirigentes, sino por el contrario le es propia a todos sus miembros con capacidad funcional (voz y voto) sobre las decisiones que afecten a esa organización (la responsabilidad de una ‘sociedad’ no es solo de su ‘gerente’, sino de igual forma de la ‘junta directiva’ que facilita y orienta su gestión”.Eso lo recogió para subrayar que los cabecillas de un grupo ilegal no son determinadores sino autores mediatos de la rebelión, y coautores mediatos del homicidio y su tentativa, secuestro, hurto, y uso de documento público falso. De allí pasó a individualizar qué cabecillas tenían injerencia en el M-19. Empezó con Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Antonio Navarro Wolf y Gustavo Arias; mientras del comando superior sobresalen Otty Patiño y Vera Grabe. LEA TAMBIÉN El presidente Gustavo Petro fue mencionado más abajo como miembro de la dirección nacional del M-19 junto a Everth Bustamante, Gerardo Ardila Serrano, Rafael Ernesto Vergara, Carlos Augusto Erazo y Jaime Bermeo Cruz. Todos fueron cobijados por los indultos tramitados bajo los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com