Los municipios de Mistrató, Pueblo Rico y Belén de Umbría, en Risaralda, permanecen en una grave situación de derechos humanos que merece una intervención urgente del gobierno local y nacional. Así lo constató la Defensoría del Pueblo en su más reciente alerta temprana sobre la región del occidente risaraldense.Según el órgano de control, las comunidades de esos municipios permanecen en alto riesgo ante las pretensiones de consolidación territorial del Eln, a través de su Frente Manuel Hernández El Boche, y por la expansión e incursión del ‘clan del Golfo’, mediante su subestructura Edwin Román Velásquez.“Esta convergencia de actores armados ilegales obedece al control de corredores estratégicos que conectan al departamento de Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, importantes para el fortalecimiento de sus estructuras y el control de economías ilícitas principalmente ligadas a las actividades mineras que se desarrollan en la región”, explicó la Defensoría.Iris Marín, defensora del Pueblo, durante el Día Internacional de los Derechos Humanos Foto:ArchivoLa Defensoría alerta que durante los próximos meses habrá un recrudecimiento de la violencia y una agudización de la competencia territorial entre ambos grupos, lo cual afectará en mayor intensidad a niñas, niños y adolescentes, quienes podrían ser víctimas de reclutamiento forzado. En riesgo permanecen, además, líderes sociales y campesinos, y autoridades indígenas y afrodescendientes.La investigación establece que ambas estructuras armadas han establecido reglas de comportamiento para la población, emitido amenazas que alcanzan incluso a alcaldes y funcionarios públicos, y provocado situaciones de desplazamiento forzado y confinamiento.Estas dinámicas de guerra en el occidente risaraldense han impactado de manera desproporcionada a pueblos étnicos y a comunidades campesinas asentadas en los territorios afectados, a quienes la Defensoría solicita proteger de inmediato.Asimismo, el recrudecimiento de las expresiones de violencia, como lo explicó la Defensoría, se ha reflejado en un incremento sostenido de los homicidios cometidos con armas de fuego en las zonas donde operan el Eln y el ‘clan del Golfo’.Se viene un recrudecimiento de la violencia en el occidente risaraldense, alerta la Defensoría. Foto:EFE.Mientras que en 2023 se registraron 15 asesinatos en estos tres municipios de Risaralda y en 2024 la cifra fue de 14, en 2025 el número ascendió a 39 casos. Esto representa un aumento del 34,48 % frente al total acumulado de homicidios ocurridos entre 2023 y 2024.En este contexto, la Defensoría del Pueblo exigió a la adopción de medidas estatales inmediatas y urgentes, pidiéndoles particularmente a las entidades competentes de los niveles nacional, departamental y municipal a actuar de manera articulada.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS NOTICIAS EN SECCIÓN JUSTICIA