Grecia endurece su política migratoria con una nueva ley que contempla cárcel para quienes salven vidas | Internacional

En la orilla oriental del Egeo, donde las islas griegas suponen desde hace años la primera puerta de Europa para millones de personas, el debate sobre migración ha vuelto a tensarse por la reforma legal que acaba de aprobar el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis para endurecer las penas contra el tráfico de migrantes y ampliar la persecución penal de quienes los auxilian a su llegada al país. La propuesta fue aprobada el 6 de febrero con los votos a favor de Nueva Democracia (en el Gobierno y con mayoría parlamentaria) y ha alarmado a las organizaciones humanitarias, que advierten que la medida solo contribuirá a aumentar las muertes en el mar. La reforma de los artículos 24 y 25 del Código de Migración griego aumenta las condenas para las redes de tráfico, un objetivo que el Ejecutivo justifica por el repunte de llegadas irregulares en algunas rutas marítimas y terrestres. La Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) detectó 51.399 llegadas irregulares por la ruta del Mediterráneo oriental en 2025, un 27% menos que el año anterior y muy por debajo de la crisis de refugiados de 2015, cuando llegaron más de 850.000 personas a las costas griegas.El nuevo texto contempla penas de prisión más largas, que pueden llegar hasta la cadena perpetua y la expulsión del país para los traficantes. También impone sanciones económicas de decenas de miles de euros y hasta diez años de cárcel para quienes participen en el traslado irregular de personas hacia territorio griego o dentro del país. Esto incluye a miembros de organizaciones de salvamento marítimo o a quienes proporcionen ayuda material o logística a migrantes sin documentación. La sentencia dependerá de cómo interpreten los jueces esas intervenciones. Sonia Balleró, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Grecia, advierte de la “intimidación” y la “estigmatización” que introduce esta ley porque podría disuadir a las organizaciones de continuar prestando servicios. “Cuantas menos personas puedan acceder a atención médica a tiempo, mayor será el riesgo de que enfermedades tratables se conviertan en afecciones graves o generen problemas de salud pública”, ejemplifica, refiriéndose a ONG de atención sanitaria como la suya.Las autoridades defienden que la ley pretende cerrar “vacíos legales” que, según el Gobierno heleno, han sido aprovechados por las mafias para utilizar intermediarios que se presentan como voluntarios o colaboradores humanitarios. Un portavoz del Ministerio de Migración y Asilo ha calificado de “totalmente falsas” las afirmaciones de las ONG de que la nueva legislación castiga la acción humanitaria o criminaliza a las ONG. “Lo que hace es endurecer el marco penal contra todos los traficantes condenados, incluidos los casos en los que las personas involucradas en redes de tráfico también son miembros de ONG”, argumenta el portavoz. “La nueva ley endurece las sanciones penales para los traficantes organizados y quienes participan a sabiendas en tales actividades. No afecta a la ayuda humanitaria legítima”, concluye.El ministro de Migración y Asilo, Thanos Plevris, cuestiona el carácter humanitario de las organizaciones y las presenta como prestadoras de servicios financiados. “Debemos entender que las ONG que están registradas y reciben financiación están disponibles para prestar servicios. Muchas veces aparecen diciendo que son filantropía, pero hacen de esto una profesión”, criticó en una entrevista con la televisión griega Skai el pasado martes. Sanitarios griegos trasladan a varios de los niños heridos en un naufragio de una ambulancia a un avión militar para ser llevados a un hospital en Atenas, este sábado.Konstantinos Anagnostou (REUTERS)Las cárceles griegas cuentan con unos 3.500 presos por delitos de este tipo, en torno al 20% de la población penitenciaria, según Plevris. “Son candidatas a ser devueltas y, con el nuevo marco, cuantos más mantengamos en detención administrativa, más ampliaremos el grupo de retornados”, defiende el ministro. Las ONG denuncian, sin embargo, que se condena sin pruebas y que muchos reclusos eran pasajeros a quienes se les atribuyó el delito para justificar estas políticas migratorias.El caso más reciente es el de un ciudadano marroquí detenido desde el 3 de febrero tras sobrevivir al naufragio de la patera en la que viajaba con otros 40 ocupantes afganos. La embarcación chocó con una lancha de salvamento en circunstancias que se están investigando y 15 pasajeros murieron. Se le acusa de causar un naufragio mortal, tráfico de migrantes y entrada ilegal en Grecia. Sus abogados han negado los cargos y aseguran que era un pasajero más y que sus padres pagaron 3.000 euros por un pasaje. Los partidos progresistas y de izquierda han acusado al Ejecutivo de blindar su política migratoria a través del sistema penal y de ignorar las responsabilidades de Grecia como Estado miembro de la UE. La asistencia humanitaria es un derecho recogido en la Convención Europea sobre Derechos Humanos, recuerda en conversación telefónica Eleni Sirri, experta en Derecho y migraciones en Border Violence Monitoring Network. “Que la asistencia humanitaria pueda ser criminalizada es muy perturbador, y ya lo hemos visto en leyes europeas”, afirma.Sirri vincula esta reforma con el endurecimiento general de las políticas migratorias en Bruselas. El Pacto sobre Migración y Asilo, que entrará en vigor este año, es defendido por la Comisión Europea como una herramienta para acelerar los procedimientos de asilo y reforzar la lucha contra el tráfico. Pero para sus detractores es una maquinaria de expulsión sin garantías.Manifestación en Atenas el jueves pasado para protestar contra la nueva reforma legal impulsada por el ministro de Migración y por la gestión del naufragio de Quíos. Louisa Gouliamaki (REUTERS)Una semana antes de aprobarse la reforma, 79 ONG firmaron un comunicado conjunto alertando de que el texto criminaliza la asistencia más básica. Sostienen que su ambigüedad podría permitir procesar a quienes actúan conforme al derecho internacional humanitario. Balleron insiste en que la norma viola el derecho europeo e internacional. “Es una escalada en la criminalización de la asistencia en general que apunta no solo a las organizaciones de la sociedad civil, sino a la propia solidaridad”, señala.Es lo que ocurrió recientemente con un caso muy mediático: el juicio contra la activista siria Sarah Mardini y otras 24 personas. Un tribunal griego los absolvió después de haberse visto envueltos en un proceso judicial que ha durado ocho años y que fue presentado por las ONG como un ejemplo de criminalización de la ayuda humanitaria. Mardini, conocida por haber empujado por el mar una embarcación con refugiados hasta Lesbos en 2015, se enfrentaba a 20 años de cárcel por pertenecer a una “organización criminal” y facilitar la entrada irregular de extranjeros. La absolución fue celebrada como un triunfo para el activismo, pero evidenció la dificultad de delimitar legalmente la ayuda humanitaria del tráfico de personas.Los trabajadores humanitarios también denuncian que el Ministerio de Migración pueda eliminar una ONG de su registro oficial y poner fin a su actividad basándose en cargos contra uno de sus miembros, incluso sin sentencia. “Si un miembro del personal está inmerso en un procedimiento penal, el Gobierno puede eliminar a la organización del registro y eso impediría que siguiera prestando servicios a migrantes, refugiados o solicitantes de asilo”, alerta la cooperante de MSF. El ministro de Migración lo justificó así en televisión: “Si se te condena como traficante y se demuestra que eres miembro de una ONG, tendrás un marco más estricto, precisamente porque tienes una relación privilegiada con los migrantes”.A falta de ver cómo se aplicará la ley, Sirri advierte que este tipo de medidas suele traducirse en más víctimas en las fronteras. El año pasado murieron al menos 107 personas en el Egeo, según Acnur, mientras la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabiliza más de 33.000 muertes en el Mediterráneo desde 2014. “No estamos en una fase de emergencia. Si se observa la situación en Grecia y en Europa en los últimos años, los números no son tan elevados y cabe preguntarse por qué los países europeos no pueden absorber lo que pueden considerarse cifras relativamente bajas”, cavila Balleron.Para Sirri, luchar contra el tráfico de migrantes es inútil porque la única manera para un migrante de entrar es a través de esas mafias. “[Para acabar con ellas] lo que necesitamos es poder ofrecer rutas seguras a las personas que quieran venir. Y eso es lo que no existe”, concluye.Enfoque securitarioLa reforma se enmarca en una línea legislativa de endurecimiento de las penas que refuerza el enfoque securitario que Atenas defiende ante sus socios europeos. En septiembre de 2025, el Gobierno de Mitsotakis aprobó nuevas normas para solicitantes de asilo rechazados que no abandonen el país en 14 días, con condenas de dos a cinco años de cárcel. También se ampliaron las medidas disuasorias: hasta 24 meses de detención para quienes lleguen sin documentación válida y multas de 10.000 euros por entrada irregular. Además, quienes hayan pasado más de siete años en Grecia sin papeles perderán definitivamente el derecho a regularizar su situación.La UE sigue una línea similar con el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Balleron considera que se trata de una tendencia continental: “Las políticas migratorias están viendo la migración únicamente desde una perspectiva de seguridad y olvidan que hay un ser humano detrás”.Este endurecimiento legal coincide con una paradoja económica: Grecia afronta una creciente escasez de mano de obra en sectores como agricultura, construcción y turismo. Por ello, la reforma también contempla facilitar la contratación de trabajadores mediante acuerdos bilaterales con países como Egipto, India o Bangladés.