En medio de los cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) volvió a quedar en el centro del debate público. René Guarín, exintegrante del M-19, llega a reemplazar a Jorge Arturo Lemus, quien fue trasladado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en un contexto marcado por la denuncia de una presunta infiltración del disidente ‘Calarcá’ en la entidad y por el escándalo del presunto espionaje con el software Pegasus al entonces ministro de Justicia, Andrés Idárraga. LEA TAMBIÉN Desde el inicio del cuatrienio, Petro designó a antiguos integrantes del M-19 en entidades que heredaron funciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El primero fue Manuel Alberto Casanova Guzmán, quien estuvo al frente de la DNI entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Filósofo y exmilitante del M-19, su nombramiento fue presentado como histórico al convertirse en el primer civil y exguerrillero en dirigir la inteligencia estratégica del país.Le siguió Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y cofundador de la Alianza Verde, quien asumió en febrero de 2024 y renunció en julio de ese año por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Hoy está prófugo de la justicia y tiene en su contra una orden de captura de Interpol que no se ha podido hacer efectiva por el asilo político que el régimen de Daniel Ortega le otorgó en Nicaragua.Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto:Redes socialesLuego llegó Jorge Arturo Lemus Montañez, que ocupó el cargo entre agosto de 2024 y enero de 2026 y presentó su renuncia a petición del presidente, en la recta final del gobierno.A ese grupo se suma René Guarín Cortés, exintegrante del M-19, quien ha ocupado cargos estratégicos en el sector de inteligencia y en la Casa de Nariño. Guarín fue designado como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cargo que ejerce desde agosto de 2023. Según su hoja de vida, es ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional y tiene una especialización en Auditoría de Sistemas de Información. Antes de llegar a Presidencia, Guarín fue subdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entre octubre de 2022 y junio de 2023. También trabajó en la Agencia de Desarrollo Rural y, por un corto periodo, en el Instituto Distrital de Turismo.Además, participó en el empalme de la Dirección Nacional de Inteligencia con funcionarios del gobierno anterior y pidió que se desarchivaran documentos del antiguo DAS, hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación.Los retos en la DNIEl exministro de Justicia Wilson Ruiz sostuvo que los hallazgos sobre los presuntos nexos entre alias Calarcá y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI),  deja al organismo en una crisis estructural.“El DNI queda gravemente comprometido. Estamos frente a la confirmación de que la entidad se desmoronó desde adentro. Lo que ocurrió bajo Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, es el inicio de una cadena de fallas deliberadas, manipulación política y descontrol operativo que hoy explota con toda su gravedad. El DNI perdió autoridad moral, perdió credibilidad internacional y, peor aún, perdió la capacidad de cumplir su misión estratégica. Hoy es un organismo en crisis profunda, carcomido por intereses que jamás debieron tocar la inteligencia del Estado”, señaló.

El abogado Francisco Bernate, presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal del Minjusticia, advirtió que el escándalo revela una infiltración real en la inteligencia del Estado.”El DNI atraviesa una crisis muy importante, porque este es un escándalo muy delicado que básicamente habla de una infiltración de organizaciones al margen de la ley a la inteligencia del Estado, lo que es absolutamente grave. La Dirección Nacional de Inteligencia debe estar mucho más allá de intereses partidistas o gubernamentales. La inteligencia es una cuestión de Estado y no de gobierno”, indicó.Para el exministro Andrés González, lo obligatorio ahora es esclarecer responsabilidades sin dilación. “Lo importante es seguir la investigación a fondo. Esto compromete la integridad de la justicia y la seguridad del Estado. Se debe evitar que la filtración de información de seguridad del Ejército afecte las operaciones y la seguridad de los colombianos. Se necesitan cuerpos élite de investigación y reacción inmediata”, dijo.René Guarín, nuevo director de la DNI. Foto:Redes sociales.René Guarín y el Palacio de JusticiaEl nombre de René Guarín está ligado con la toma y retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. Guarín es víctima y vocero de las víctimas de esos hechos. Su hermana, Cristina del Pilar Guarín Cortés, trabajaba como cajera temporal de la cafetería del Palacio y fue detenida y desaparecida durante la retoma militar, tras el ataque del M-19.En entrevista con El Espectador, Guarín dijo que se unió al M-19 tres meses después de la desaparición de su hermana.En efecto, en el libro publicado por la Casa Editorial EL TIEMPO, 1985: Palacio de Justicia; las heridas abiertas del holocausto, se relata que Cristina Guarín, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, tenía 26 años, sabía inglés y francés y soñaba con viajar a España para hacer un posgrado. El 6 de noviembre de 1985 salió de su casa rumbo al trabajo y no volvió. Durante años, su familia la buscó sin respuestas en hospitales, Medicina Legal y dependencias oficiales.René Guarín, fue la cabeza de la Secretaría de Comunicaciones y Tecnología de la Casa de Nariño. Foto:Archivo particularEn 2007, 2010 y 2011, René Guarín y Cecilia Cabrera reconocieron en videos e imágenes difundidas por medios de comunicación a un soldado que, al parecer, sacaba con vida a Cristina del Palacio y la llevaba a la Casa del Florero. Tras una larga lucha judicial y administrativa, sus restos fueron hallados en 2015 y entregados a la familia en 2016, más de tres décadas después. Las osamentas estaban en una tumba que no correspondía a su identidad.La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 14 de noviembre de 2014 en el caso Rodríguez Vera y otros, condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas ocurridas durante esos hechos, entre ellas la de Cristina del Pilar Guarín Cortés. Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com

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